EL ABONO DE LO ADEUDADO POR EL CABILDO A ESTA ENTIDAD NO PUEDE DEMORARSE POR MÁS TIEMPO
"La cooperativa Transportes Insular de La Palma, que es la concesionaria del servicio público de transporte en guaguas de la isla, ha de contar, por un lado, con el apoyo económico comprometido por el Cabildo de La Palma y, por otro lado, en aplicación de la la normativa vigente y las propias cláusulas reguladoras de la concesión, con una decisión urgente que regularice los desequilibrios económicos que la prestación de este servicio le está suponiendo. "Estimamos que, como dijimos en la comisión correspondiente, es necesario cuantificar el déficit que se ha producido y proceder a su reconocimiento antes que finalice el año y, además, abonar las deudas que la institución tiene con esta entidad", señaló Carlos Cabrera, portavoz popular en el la institución insular.
Tanto el portavoz del PP como el consejero de este grupo político Raúl Camacho consideran que este servicio público, que es deficitario en todas las islas, debe contar con el "indiscutible respaldo" de la institución insular para que, con los ajustes que los momentos requieren, pueda continuar prestando este servicio esencial. "No debemos olvidar, es más debemos reconocerlo y agradecerlo, que en nuestra isla este servicio, con las lógicas limitaciones y problemas, ha estado exento de conflictos graves que perjudicaran al usuario".
Asimismo, desde el grupo popular recalcan la necesidad, para dar estabilidad económica y financiera a la empresa en los próximos años, de proceder a "una revisión de todo el sistema de transporte analizando las partidas económicas que aportará el Estado ( para el ejercicio 2013 mantiene los 25 millones de euros para subvencionar, según los kilómetros recorridos, a las distintas empresas concesionarias), el Gobierno de Canarias, que también debe responder convenientemente, regulando, además, de forma razonable las líneas, frecuencias y tarifas y, finalmente, tal y como hemos reiterado una y mil veces, la creación de unas tarifas sociales regladas donde se proteja al que menos tiene y bonifique a aquellos colectivos que estimen acreedores de tales beneficios".
El grupo popular con estas medidas pretende dar estabilidad económica y financiera al servicio, adecuarlo a la realidad que estamos viviendo, ser justo en el reparto de los costes del servicio y, "por supuesto, proteger a los trabajadores y usuarios de este servicio, alentando a estos últimos a recurrir a él con más asiduidad".
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