La Dirección General de Trabajo publicó un decreto de servicios mínimos para la huelga general de 2012 en el que no imponía servicios mínimos para el transporte en Canarias alegando que habían suficientes vehículos particulares y taxis para abastecer la movilidad de la población.
Sin embargo, al año siguiente, ante una convocatoria de huelga dirigida contra medidas del ejecutivo canario la misma Dirección General de Trabajo publicó un decreto de servicios mínimos que alcanzaban el 100% de los transportes escolares y el 50% de los transportes públicos.
La Confederación Canaria de Empresarios impugnó el decreto de servicios mínimos de 2012 y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a los empresarios en el sentido de que los argumentos esgrimidos por la D.G.Trabajo del Gobierno de Canarias eran absolutamente impresentables.
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