El Parlamento de Canarias ha aprobado el 13 de diciembre la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética (LCCCTE). El texto definitivo todavía no ha sido publicado en el BOC, pero adelantamos algunas líneas generales del contenido de la nueva norma que afecta directamente al sector del transporte.
La LCCCTE pretende suponer un cambio de modelo productivo orientado hacia la transición ecológica, establecerá objetivos a corto plazo para las Administraciones Públicas y pautas concretas para todos los sectores de Canarias en el marco de la Ley estatal de Cambio Climático.
Hay que destacar la arriesgada apuesta de esta Ley que pretende implantar todas las medidas en un plazo 10 años inferior a la normativa del Estado y en algunos aspectos 20 años antes que las previsiones de la U.E.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE
Empresas de transporte
Tipo de vehículos industriales
Las empresas de transporte deberán disminuir las emisiones contaminantes al menos un 55% en 2030 y alcanzar las cero emisiones en 2040, aunque en este caso, al menos, se establece la salvedad de que «siempre que existan en el mercado los vehículos requeridos con las prestaciones tecnológicas adecuadas»
Plan de transición energética.
Esta es una nueva obligación que tendrán las empresas de transporte.
Las empresas de transporte por carretera con una flota superior al número de vehículos que se determine en la Estrategia Canaria de Acción Climática deberán elaborar, en el plazo que señale la susodicha estrategia, un plan de transición energética para la progresiva sustitución de los vehículos con el objetivo de disminuir un 55% hasta 2030 las emisiones contaminantes y alcanzar las ‘cero emisiones’ en 2040, aunque en este caso siempre que existan en el mercado los vehículos requeridos con las prestaciones tecnológicas adecuadas.
Alquiler de vehículos sin conductor (Rent a car)
Tipos de vehículos
Establece un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de la ley contra el cambio climático para cambiar toda su flota. Transcurrido ese tiempo, solo podrán alquilar vehículos con «emisiones contaminantes directas nulas».
REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO DE CANARIAS
Esta Ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética propone un instrumento básico para avanzar hacia la descarbonización de la economía de Canarias, que es la creación del Registro de la Huella de Carbono del archipiélago, el cual permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero para hacer un seguimiento de los objetivos establecidos en esta materia.
Cualquier persona física o jurídica podrá inscribirse voluntariamente en dicho registro, siendo obligatorio en algunos casos definidos por el proyecto de ley.
Entidades obligadas a inscribirse
Estarán obligadas a inscribirse en este Registro las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias; las actividades pesqueras y de acuicultura; las actividades industriales y de comercio y las empresas que establezca la Estrategia de Acción Climática, entre las que previsiblemente se incluirá al transporte.
Las empresas deberán hacer constar los cálculos anuales de huella de carbono asociados a las actividades que realicen en Canarias, los datos relativos a los planes de reducción de emisiones que deban llevarse a cabo en el archipiélago, así como los proyectos de absorción de dióxido de carbono. previstos en el mecanismo voluntario de compensación de emisiones.
Las administraciones locales deberán incluir el registro de emisiones recogido dentro de los Planes Insulares y Municipales de Acción para el Clima y la Energía (PIMACE).
Precisamente, en materia de emisiones, el objetivo regional para 2040 es reducirlas en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes sean absorbidas por sumideros, logrando el citado escenario de neutralidad climática. Esto supone que Canarias pasará de emitir 13.340 ktCO2eq a 7.426 en 2030 y, finalmente, a 862 en 2040.
MOVILIDAD
Para la movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones es de un 84,2% para el 2040, no superando las 480 ktCO2eq al año.
Los grandes centros generadores de movilidad públicos y privados deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus trabajadores, clientes y usuarios.
Estos planes deberán estar elaborados en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática.
Los planes de movilidad sostenible deberán determinar el calendario para la implantación de forma obligatoria de puntos de recarga para las plazas de aparcamiento que gestionen los grandes centros generadores de movilidad.
MEDIDAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS
Consumo energético
En esta línea, la Ley establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables, sustituyendo por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles.
Flotas de vehículos
Estas entidades públicas también deberán reemplazar los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de diez años desde la entrada en vigor de este texto legislativo.
Alumbrado público
Por último, entre otras medidas para el ámbito público, se refleja que la implantación de nuevo alumbrado exterior se realizará siempre bajo criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica, de manera que en 2040 todo el alumbrado canario cumpla con este propósito al 100%.
OBJETIVOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES
En cuanto a la implantación de energías renovables, el horizonte marcado por la Ley y el Plan de Transición Energética de Canarias para 2030 es alcanzar el 37% del consumo de la energía final a través de estas alternativas sostenibles y el 92% en 2040. También se crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas.
EDUCACIÓN
En materia educativa, el Gobierno de Canarias introducirá como eje vertebrador la acción climática y la transición ecológica en las materias curriculares que se impartan en las aulas.
El Ejecutivo también aprobará un plan formativo verde que tendrá, entre otros, el propósito de identificar los sectores clave con mayores oportunidades en estos sectores estratégicos.
SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
Los departamentos del Ejecutivo autonómico responsables en materia de salud y derechos sociales deberán elaborar y aprobar planes especiales de protección de la población ante los efectos derivados del cambio climático, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud en sus informes periódicos.
FINES GENERALES DE LA LCCCTE
El desarrollo e implementación del conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas en 2040.
La reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles.
El establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables.
La mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático para la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
El fomento de la resiliencia de los sectores sociales y económicos frente a los efectos del cambio climático.
La promoción de la educación, la formación, la innovación, la I+D, la competitividad y la transferencia tecnológica. En este sentido también será clave difundir conocimiento en materia de mitigación, adaptación y gobernanza de la acción climática.
La integración de la salud pública en las políticas de acción climática como mecanismo para la prevención y gestión de riesgos.
La promoción de las políticas de transición ecológica, cohesión social y acción climática a nivel de las regiones ultraperiféricas (RUP) y otros territorios.
INSTRUMENTOS DE NUEVA CREACIÓN PREVISTOS EN LA LCCCTE
- La Agencia Canaria de Acción Climática.
- La Comisión Interdepartamental de Acción Climática.
- La Estrategia Canaria de Acción Climática.
- El Plan Canario de Acción Climática.
- El Plan de Transición Energética de Canarias.
- Los Planes de Acción Insulares y Municipales de Clima y Energía.
- La Estrategia Canaria de Transición Justa.
